Política

Las turbulentas movidas del exzar de la salud del Huila

En diciembre pasado un juez absolvió al exdirector de la Caja de Compensación Familiar del Huila, Comfamiliar, Armando Ariza Quintero, por un proceso que llevaba en su contra por presunta contratación irregular para la prestación de servicios de salud.

Este es solo uno de los cuatro procesos que arrancaron en 2015 contra Ariza en la Fiscalía por un presunto desfalco en la EPS que manejaba esa caja y por los que estuvo detenido entre 2015 y 2018. Aún están abiertos otros, incluyendo uno por presunto lavado de activos.

Aunque la captura lo sacó del cargo en el que estaba desde hace más de 20 años, y causó un terremoto empresarial, político y mediático porque era uno de los hombres más poderosos e influyentes de la región, Ariza quedó lejos de estar opacado.

El otrora director de Comfamiliar inició una envidiable racha empresarial a través de un pool de firmas que en su mayoría adquirió o aumentaron su capital desde que quedó en la mira de la justicia.

La Silla encontró que Ariza en los últimos cinco años ha construido un emporio que incluye estaciones de gasolina, participación en entidades financieras y hasta empresas piscícolas de gran escala.

Ahora, es uno de los poderes empresariales en ascenso de Neiva.

La caída y la resurrección judicial
En 2015 el vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo, anunció al país que habían desmantelado una poderosa red que se había apropiado de miles de millones de pesos del sector salud entre los años 2003 y 2011.

Quien lideraba esa red, según Perdomo, era Armando Ariza Quintero.

Además de ser una caja de compensación, Comfamiliar funciona como una EPS del régimen subsidiado. Para el momento del escándalo tenía más de 400 mil usuarios en Huila y Caquetá.

Cuando lo capturó y reseñó, la Fiscalía dijo que Ariza usó la EPS en complicidad con clínicas privadas como Medilaser y alcaldes de municipios como Garzón, Pitalito y La Plata para desviar de manera irregular los recursos del régimen subsidiado a través de contratos ficticios.

Por eso, y porque fue vinculado a tres procesos más relacionados con desfalcos al sistema, entre ellos uno por supuestos sobrecostos en medicamentos que pasaban los 4 mil millones de pesos, un juez lo mandó a la cárcel.

No pasó un mes para que Ariza diera muestras de su poder.

Como contó Noticias Uno, Ariza no entró a la cárcel de Rivera como un detenido más, sino que tuvo un trato VIP, dormía en la habitación del director del penal y tenía más visitas que los demás.

Además, seguía teniendo el control de Comfamiliar a través de familiares y amigos que había nombrado en cargos claves como su prima Diana Astrid Quintero (coordinadora regional de la IPS) su sobrino Javier Callejas Ariza (coordinador de compras) o Natali Acosta farfán (coordinadora de los restaurantes escolares y sobrina de su esposa María Cristina Farfán de Ariza. Por esa razón, fue trasladado a La Picota en Bogotá.

En 2016, la Fiscalía declaró extinción de dominio a unos bienes en Neiva, Bogotá, Garzón, Pitalito, Yaguará, Rivera y Cartagena, que serían propiedad de Ariza y de los otros implicados. Dijo que estaban avaluados en más de 20 mil millones de pesos, y que habrían sido comprados con la plata del robo a la salud.

Pero desde 2017, los señalamientos de la Fiscalía comenzaron a caer y la suerte de Ariza a cambiar.

Primero, en junio de ese año, logró que le revocaran la medida de aseguramiento alegando vencimiento de términos y por eso le dieron casa por cárcel en una finca en Sopó, Cundinamarca.

Luego, en junio de 2018, quedó en libertad porque su defensa insistió en que ya no podía aplicar ninguna medida restrictiva ya que no estaba al frente del cargo y un juez le concedió la razón. Ese mismo año reapareció públicamente en el ostentoso matrimonio de su hijo Diego Armando, al que asistió la dirigencia política y empresarial del departamento.

Y más adelante, los jueces empezaron a fallar. En agosto de ese mismo año, fue absuelto en el primero de los casos relacionado con los contratos ficticios que se firmaron para cubrir unos servicios de atención hospitalaria en Pitalito, porque, según el juez, la misma Fiscalía que lo presentó como el líder de ese cartel de contratación de la salud no pudo demostrar que hubo corrupción.

Cuatro meses después se cayó el segundo proceso que era por presuntas irregularidades en servicios de salud en Garzón. También, según el juez, por inconsistencias de la Fiscalía.

Los otros, que son por presuntos sobrecostos en medicamentos y la supuesta tercerización de servicios médicos a través de clínicas pintan para el mismo final porque, según le dijeron a La Silla un periodista que le ha seguido la pista a los procesos y uno de los abogados defensores, la Fiscalía no ha podido sostener su tesis inicial.

Esa serie de decisiones, podrían generar un efecto dominó, que podría dejar sin sustento la investigación por presunto lavado de activos, que fue por la que le declararon extinción de dominio a algunas de sus propiedades.

La Silla supo que Ariza ya está preparando una demanda para lograr que le quiten esas extinciones. En todo caso, el proceso está en un juzgado especializado de Bogotá y falta que se conozcan decisiones al respecto.

La racha ganadora con la justicia de Ariza, ha ido a la par con el crecimiento de sus negocios, algunos de los cuales habían pasado de agache en Neiva.

De zar de la salud a zar de la gasolina
Luego de ser el zar de la salud en Neiva, Ariza empezó a invertir plata en varios sectores diferentes y a impulsar otros negocios, que incluso inició cuando estaba al frente de Comfamiliar.

El principal fue el de los combustibles a través de ‘A y E Asociados Limitada’, una empresa que se fundó en 2007 con 45 millones de pesos cuando Ariza estaba en la Caja, y que actualmente es dueña de ocho estaciones de gasolina en Neiva, Baraya, Tello, Hobo, Yaguará y Palermo.

De ‘A y E’, Ariza es socio fundador y dueño del 50 por ciento a través de ‘Inversiones Luisa María SAS’ una sociedad familiar que creó 2004 con 45 millones de pesos. En 2019, el propio Ariza aumentó el capital de esa empresa en 600 millones de pesos más.

El resto de las acciones de ‘A y E’ pertenecen a Edgar Perdomo, un empresario mecánico que llegó a ser directivo del club de fútbol Atlético Huila. Perdomo es socio de Ariza en otros negocios.

En el 2019, según los reportes de la Cámara de Comercio, esa empresa tuvo ingresos por más de 40 mil millones de pesos, cuando en 2015 -año en que Ariza salió de la caja-, eran de 20 mil millones de pesos.

Eso en parte se puede explicar en que ‘A y E’ durante los últimos cinco años se ha ganado más contratos con alcaldías y hospitales para suministrar gasolina.

Mientras que entre 2011 y 2015 se quedó con 47 contratos de entidades públicas, desde 2016 y hasta la fecha lleva 99 contratos más. Es decir, duplicó la cifra en solo cuatro años.

Además de su mejorado rol de contratista, ‘A y E’ empezó este año un plan de expansión que incluye dos nuevas estaciones de combustible en Neiva.

La primera está ubicada en el sur de Neiva y se llamará ‘Estación de servicio Neiva la nueva’, la segunda recibirá el nombre de Invercoll y de esa estación son socios varios empresarios de transporte. Ariza tiene el 30 por ciento de ese proyecto a través de ‘A y E’ porque puso 200 millones.

Como pez en el agua


Otro frente de negocios de Ariza está en la piscicultura, un sector que en el Huila mueve unos 400 mil millones de pesos al año.

A nombre suyo, sus hijos y otros familiares, el exdirector de Comfamiliar controla al menos cinco empresas piscícolas.

La primera es la Comercializadora Latinoamericana de Peces, Latinpez. Ariza tiene el 98 por ciento de las acciones, y el resto figuran a nombre de su hermano Jorge.

Ariza la compró en 2013, dos años antes de salir de la Caja en medio de los escándalos judiciales, por 505 millones de pesos al empresario cafetero Jaime Pulido, otro nombre que aparece en varios negocios del exdirector de Comfamiliar.

Pulido también está en la Piscícola Provenir Brusellas, que es la segunda empresa de este tipo en la que figura Ariza. Apareció como propietario hasta 2017 cuando le vendió sus acciones por 20 millones de pesos a Diego Armando Ariza Farfán, hijo del exdirector. Sin embargo, encontramos que cinco años antes esa empresa era gerenciada por Jorge y Ovidio Ariza Quintero, hermanos del exdirector de la Caja.

Las tres empresas restantes se llaman Bettapez SAS, Agroexport del Huila y Pisciexport del Huila, y son las nuevas apuestas de la familia Ariza porque fueron adquiridas entre 2019 y 2020 a través ‘Inversiones Luisa María SAS’. En las tres, Diego Ariza es el representante legal, y su papá el suplente.

Ariza también está metido en el negocio de la compra y venta de concentrados y alimentos para peces y otros animales, a través de Lagricola, una tienda especializada en la comercialización de ese tipo de concentrados, de la que es dueño ‘A y J Inversiones’, otra empresa que fundó en 2012 y controla a nombre suyo y de ‘Luisa María SAS’.

Solo las tres empresas más grandes que Ariza tiene en ese ramo, reportaron ingresos por 7.800 millones de pesos en 2019.

Y recientemente con bancos
El portafolio de la familia Ariza y sus socios también incluye servicios bancarios que funcionan como una red.

Soluciones Financieras, Fiar, es una empresa que presta plata y se creó en 2019 en Tello, a 20 minutos de Neiva. Ese es un municipio Zomac, es decir, que fue afectado por el conflicto armado, y el Gobierno da gabelas tributarias a quienes inviertan en esas zonas.

Pero en realidad, Fiar funciona en una de las oficinas que quedan en una estación de gasolina en Neiva.

De Fiar son dueños Ariza y su socio Edgar Perdomo. Lo hacen a través de ‘A y E asociados Ltda’, es decir, la que aparece en los negocios de la gasolina. La gerente es Luisa María Ariza Farfán, la otra hija de Armando.

Se constituyó con un capital inicial de 60 millones de pesos. Y en su primer año de operaciones, Fiar reportó activos por más de 2 mil millones de pesos e ingresos de 340 millones más.

Otra empresa de Ariza metida en el sector financiero es el Fondo de Garantías y Desarrollo, Fogade, que se creó en 2008 pero en mayo del 2019 aumentó su capital de 60 a 500 millones de pesos.

En Fogade los Ariza tienen el 30 por ciento de participación con una sociedad que se llama Dala Group. La representante legal de Fogade es Carmen Stella Córdoba, quien fue funcionaria de Comfamiliar durante la administración de Armando Ariza.

A través de esa empresa, Ariza ha buscado manejar la cartera de la línea de créditos de Comfamiliar.

Fogade también trabaja de la mano con Bancupo, otra entidad que ofrece préstamos de plata a través de internet y que se presenta como la alternativa a ciudadanos que no pueden acceder a créditos en bancos grandes. En Bancupo, Luisa María Ariza, hija de Armando, es socia con el 30 por ciento de las acciones.

Así que con negocios de gasolineras, piscícolas y entidades financieras, Ariza garantiza un emporio, mientras sigue respondiendo por las presuntas irregularidades que ocurrieron en Comfamiliar cuando estuvo al frente de esa entidad, que maneja el tercer presupuesto más grande del departamento y una nómina de 2 mil empleados.

Fuente: La Silla Vacía

Contraloría General de la República reafirmó buen manejo de los recursos por parte del municipio de Pitalito durante la emergencia sanitaria por COVID-19

 

Tras las respectivas indagaciones realizadas en torno a la compra y entrega de las ayudas humanitarias a la comunidad de escasos recursos en Pitalito, se esclareció que la Administración Municipal empleó de forma correcta el dinero invertido.

Mediante el INFORME DENUNCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA CÓDIGO
2020-179473-80414-D desde la Gerencia Departamental Colegiada del Huila, la Contraloría General de la República ratificó que no hubo irregularidades en el manejo de las ayudas humanitarias que entregó la Alcaldía de Pitalito a principios del año 2020 durante la emergencia sanitaria en el municipio, estrategia que se llevó a cabo con el fin de mitigar el impacto de la pandemia en los hogares de más escasos recursos en el municipio.

Es así que el oficio de la Contraloría General afirma que “el municipio de Pitalito suscribió los contratos N° 248 y 252 de 2020 con la Fundación para la promoción y desarrollo de acciones encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Huila,con Nit 900XXX-4, bajo los parámetros establecidos en la normatividad estipulada en los contratos y estudios previos”.

Por su parte, el documento agrega que “en el contrato 252/2020 para las entregas de los mil (1000) mercados a los beneficiarios de los estratos 1 y 2 del municipio de Pitalito, según la base de datos de estratificación de Empitalito y de acuerdo a las actas firmadas que fueron allegadas en la solicitud de información, se logró evidenciar que el contrato fue ejecutado en los términos de referencia y entregados a la población vulnerable del municipio de Pitalito, no presentó novedad alguna en su ejecución y desarrollo, como consta en los informes de ejecución y supervisión del contrato”.

Ahora bien, la Contraloría General de la República sostiene que para el contrato 248 del 2020 correspondiente a la entrega de las dieciocho mil (18.000) raciones agrícolas para la entrega a la población vulnerable del municipio de Pitalito se evidenció lo siguiente:

“Se firmó el contrato con un plazo de ejecución de 45 días a partir de la firma del acta de inicio, posteriormente a solicitud del contratista y de mutuo acuerdo con el ente territorial por las condiciones del mercado y de los productos a entregar, ya que, en su gran mayoría como la papa, zanahoria, cebolla, vienen de otras regiones del país y los tiempos para cumplir con las entregas se podían ver afectadas. Por consiguiente, se prorroga el plazo por treinta (30) días más, según acta de justificación firmada entre las partes el 17 de abril de 2020. Se realizó una primera entrega parcial de nueve mil (9000) mercados agrícolas a los beneficiarios seleccionados del municipio de Pitalito, por la que se pagó el valor de $125.100.000”.

Luego, agrega el oficio, “se realizó una última entrega de cinco mil ochocientos ochenta y una (5881) raciones de mercados agrícolas, los cuales fueron ingresados al almacén de la alcaldía municipal de Pitalito, mediante documento de entrada número 202000061 del 23 de junio de 2020, por lo cual, el municipio de Pitalito pagó el valor de $81.745.900 para la posterior entrega a los destinatarios finales. Este contrato en particular, se liquidó el 30 de junio de 2020, después de realizado el balance financiero y a raíz del control ejercido por la comunidad, quedó un saldo a favor del municipio por valor de $43.354.100, se requirió a la entidad sobre las circunstancias que llevaron al municipio de Pitalito a la liquidación del contrato sin el cumplimiento final de las cláusulas del contrato, las cuales especificaba que se debían entregar dieciocho mil (18.000) raciones de mercados agrícolas, pero como se evidenció en la ejecución se entregaron y pagaron catorce mil ochocientos ochenta y un (14.881) raciones de mercados agrícolas para un valor total de $ 206.845.900”.

Finalmente, la Contraloría General expuso en su oficio de respuesta que “los argumentos expuestos para la terminación y liquidación del contrato 248 de 2020 fueron que el municipio de Pitalito y la Fundación de mutuo acuerdo y amparados en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, decidieron dar por terminado el contrato y pagar solamente los productos que fueron suministrados. Se solicitó a la alcaldía municipal de Pitalito, certifique a la Contraloría General de la República en el desarrollo de la ejecución de la denuncia, qué sucedió con el saldo a favor de los recursos remanentes después de la liquidación del contrato 248/2020, así como el destino final qué se le había dado a este rubro. Es así como mediante documento emitido por la Tesorera General del municipio de Pitalito, certificó que los recursos se encuentran depositados en cuenta corriente a nombre del municipio denominada SGP propósito General fuente 11/12 e incorporadas nuevamente al presupuesto del municipio”.

De esta manera, las ayudas entregadas a las familias más vulnerables en todo el casco urbano de Pitalito se logró bajo los requisitos legales y normativos vigentes, en función de beneficiar a cerca de 16 mil hogares laboyanos cuando la pandemia por la COVID-19 empezó a afectar a los laboyanos, y en donde la Contraloría General de la República reafirmó el excelente manejo que le dio la Administración Municipal a dichos recursos.

“Alvaro Uribe Way” así nombraran una calle en Miami en honor al expresidente Colombiano

 

El comisionado del condado de Miami- Dade Javier D. Sout lidera la propuesta ante el gobierno de ese país.

 

El funcionario promueve el cambio de nombre de la vía ubicada en la SW 117th Avenue para ponerle el nombre “Álvaro Uribe Way” en honor al expresidente colombiano.

 

Para D. Sout y otros lideres políticos de EE.UU, el ex senador Uribe merece el reconocimiento por el arduo trabajo realizado en su mandato y por su “aporte a la comunidad y defensa de los principios democraticos”.

 

El comisionado además aseguró que en Miami – Dade hay un alto porcentaje de colombianos y que por tanto también era un forma de exaltarlos a ellos.

 

La solicitud que ya fue radicada por el comisionado, sera discutida en la comisión el próximo 31 de agosto.

Corte Suprema perdió la competencia y debe remitir a la Fiscalía el proceso contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez: Procuraduría

 

Bogotá, 25 de agosto de 2020. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitir el expediente que adelanta contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal, porque con la renuncia del expresidente a su curul perdió la competencia para continuar con los procesos que tengan relación con delitos comunes.

 

El Ministerio Público ratificó el llamado del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, frente al deber que tienen todos los funcionarios de acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales, y señaló que, con la separación definitiva del entonces congresista a su curul, desaparece el fuero que la Constitución le otorgaba, por lo que la Corte Suprema solo podrá conocer de los procesos en los que los presuntos delitos tuvieran relación directa con su función de congresista.

 

“El único escenario legítimo para la discusión y confrontación de las decisiones judiciales es el proceso mismo, acudiendo a los instrumentos que el debido proceso consagra, y a ninguno otro ajeno al mismo, por parte de las autoridades o de los ciudadanos. Todos los funcionarios públicos desde el Señor Presidente de la República hasta el más modesto de los servidores públicos deben respetar y cumplir las decisiones de la justicia, absteniéndose de cuestionar, desacatar o promover el incumplimiento de las mismas, sin interferir los principios de independencia y autonomía del poder judicial, básicos para un Estado que presuma ser de derecho”.

 

Para el ente de control con la renuncia del Dr Uribe Velez desaparece la competencia de la Sala Especial de Instrucción, toda vez que los cargos por los que es investigado corresponden a delitos comunes que no tienen relación con la función de congresista.

 

En su análisis la Procuraduría estableció que la Sala no relacionó actuaciones desplegadas por el entonces senador dirigidas a consolidar un abuso de poder para controlar su liderazgo político, que pudiera tener incidencia en el caudal electoral o que diera paso a un acercamiento a las regiones de manera delictiva para consolidar su dominio y el posicionamiento en el cargo. Tampoco se demostró que hubiera utilizado servidores de su Unidad de Trabajo Legislativo –UTL–o que pusiera en peligro latente su actividad en el Congreso de la República.

 

“No hay prueba de que el doctor URIBE VÉLEZ –con ocasión de los presuntos punibles en los que incurrió-, hubiere comportado un ejercicio abusivo de sus funciones o eficaz para acceder a la posición de poder; ello, pues téngase en cuenta: por un lado, que si no existe prueba siquiera sumaria de que el sindicado se hubiere valido o utilizado sus facultades como Senador para supuestamente cometer tales delitos, mucho menos obra alguna encaminada a demostrar que en la presunta comisión de los mismos se excedió o abuso de sus labores congresuales; y por el otro, se observa que los hechos ocurrieron en época ajena a campañas políticas o contiendas electorales –en tanto ya era Congresista para ese momento-, sin que pueda entonces evidenciarse relación entre estos y los objetivos de lograr una curul en el Senado de la República”.

 

A juicio del Ministerio Público, la simple coincidencia temporal de la presunta comisión de los hechos y la condición de ostentar el cargo de Senador de la República, no puede considerarse como suficiente para extender el fuero y por ende la competencia de la Sala Especial de Instrucción, luego de la renuncia al cargo.

 

Finalmente, precisó la Procuraduría que esta intervención responde a sus funciones constitucionales como Ministerio Público, en defensa de los intereses jurídicos y en procura de la preservación de la integridad del orden jurídico y no puede ser interpretada como el desconocimiento a la dignidad de la Corte Suprema de Justicia y sus decisiones.

Álvaro Uribe confirma que ya fue reseñado como el preso #1087985

 

Así lo confirmó en la mañana de este miércoles el mismo ex mandatario en su cuenta de Twitter.

 

Luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenara la detención domiciliaria al ex presidente Álvaro Uribe. Este no se había pronunciado al respecto, sino para confirmar la sentencia de la corte.

 

No obstante, este 12 de agosto, el senador quien deberá perder su puesto en el recinto del senado, según avance el proceso en los siguientes días. Publicó un tuit con una foto suya en el lugar de detención afirmando que fue reseñado como el preso #1087985.

 

Primer foto de Uribe en detención domiciliaria
Primer foto de Uribe en detención domiciliaria

 

Además, lanzó fuertes criticas a la forma como ha transcurrido su caso.

 

Hoy fui reseñado como preso #1087985 por confrontar testimonios en mi contra comprados por Farc, su nueva generación y sus aliados. Sin pruebas, solo inferencias. Me Interceptaron ilegalmente. Impidieron a abogados contrainterrogar a su principal testigo. Pido transparencia”.

 

Como era de esperarse este pronunciamiento genero controversia y reacciones a favor y en contra, desde diferentes sectores de la vida política, social, cultural y económica del país.

 

Pero lo interesante del caso, es que la controversia no se dio precisamente por las aseveraciones del senador, sino por su reseña en el sistema penitenciario como el preso #1087985.

 

 

A partir de hoy, 10 de agosto, no habrá atención al público de forma presencial en el Centro Administrativo La Chapolera

 

Las instalaciones del Centro Administrativo serán cerradas para atender presencialmente a la comunidad, como medida preventiva para ciudadanos y funcionarios. Solamente funcionará el Centro Integrado de Servicios con jornada extendida.

 

La Secretaría General de la Alcaldía de Pitalito emitió la Circular No. 64, en la que se notifica que desde este lunes 10 de agosto, las instalaciones físicas del Centro Administrativo La Chapolera dejarán de prestar atención al público de forma presencial. La razón se debe a que en la Administración Municipal diariamente circulan más de 700 personas entre funcionarios y ciudadanía, por lo cual la decisión se toma como mecanismo de prevención ante la pandemia por COVID-19.

 

Igualmente, la Circular No. 64 informa que el Centro Integrado de Servicios – CIS, ubicado en el 1er piso sobre la Carrera 3, será la única oficina abierta del Centro Administrativo, y funcionará desde las 7 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde. Cabe recalcar que todas los PQRS y los trámites por ese medio, se pueden seguir diligenciando a través de la página web alcaldiapitalito.gov.co, en la pestaña Atención al ciudadano – PQRS.

Tres nuevos casos confirmados, aumenta la cifra de contagios por la COVID19 en Pitalito

 

Autoridades confirman tres casos nuevos de COVID-19 en Pitalito

 

Tres nuevos casos de COVID-19 fueron notificados en el municipio de Pitalito, este domingo 10 de mayo, según el informe entregado por el Ministerio de Salud y la Protección Social.

 

La Secretaría de Salud confirmó este hecho en el Boletín Epidemiológico número 28, el cual se notificaron 436 casos en el SIVIGILA, de los cuales 11 son positivos para Coronavirus, se mantienen los cuatro pacientes recuperados, 267 negativos y 158 pendientes de resultado.

 

 

Nuevos casos

 

Caso nueve: Paciente de sexo masculino de 66 años de edad, habitante del sector urbano del municipio. Las siete personas con las que tuvo contactos estrechos se encuentran en estudio.

 

Caso 10: Paciente de sexo masculino de 84 años de edad, habitante del sector urbano del municipio. Las ocho personas con las que tuvo contactos estrechos se encuentran en estudio.

 

Caso 11: Paciente de sexo femenino de 4 meses de edad, habitante del sector urbano del municipio. Fue remitido a su casa con todas las recomendaciones de aislamiento preventivo y de cuidados que deben tener con ella.

 

Administración Municipal exigió mayores precauciones en etapa de Reactivación Económica

 

La Administración Municipal llamó la atención frente a estas cifras y exigió a la ciudadanía reforzar sus medidas de autocuidado, en especial, en esta etapa de Reactivación Económica en la que se abrirán nuevamente muchos negocios.

 

Las autoridades pidieron a los establecimientos comerciales, que se encuentran dentro de las actividades autorizadas para retomar labores, tomarse en serio el proceso de elaboración del plan de contingencia y de bioseguridad, además recordaron que, sin este permiso, ninguno de estos lugares puede abrir sus puertas.

 

Estos documentos, que se anexan en la página www.alcaldiapitalito.gov.co, deben contener medidas efectivas para garantizar la salud de trabajadores y clientes.

Policía aclara hechos donde resultó involucrada ambulancia de Saladoblanco

 

Ante lo ocurrido y como gesto de solidaridad, el alcalde de Pitalito Edgar Muñoz Torres, confirmó su disposición con el préstamo de una ambulancia a la ESE Municipal de Saladoblanco, para garantizar el transporte asistencial de pacientes de dicho municipio.

 

La tarde de este viernes una ambulancia adscrita a la ESE Nuestra Señora de Las Mercedes de Saladoblanco y una patrulla policial, colisionaron dejando como resultado dos agentes de la policía heridos uno de ellos de gran consideración.

 

El coronel Jeovanny Cepeda comandante del Quinto Distrito de Policía se refirió al evento indicando que el conductor de la ambulancia cometió la imprudencia en la que, lamentablemente dos uniformados resultaron lesionados siendo trasladados a un centro asistencial. La ambulancia se pasó el semáforo en rojo y además, omitió accionar su sirena como elemento indispensable para lograr que los demás conductores cedieran el paso.

 

Una vez ocurrido el accidente y de trasladar a la persona que iba en la ambulancia en otro vehículo para garantizar su atención en centro asistencial, fue necesario el desarrollo de los procesos de rigor entre la policía y el Instituto de Tránsito y Transporte, mientras se surten los trámites correspondientes y se establecen responsabilidades.

Emiten orden de captura contra Juan Guaido por ejecución de la operación Gedeón

 

El fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, emitió este viernes una orden de captura en contra del líder opositor venezolano, Juan Guaidó.

 

Saab también cursó una orden de aprehensión contra el diputado Sergio Vergara y el ciudadano estadounidense Jordan Goudreau, a quienes se les acusa de participar en el diseño, financiamiento y ejecución de la operación Gedeón.

 

Mediante una grabación trasmitida por los medios locales, el fiscal informó que hay 31 presuntos implicados en la operación incluidos varios estadounidenses y colombianos.

 

Además de la orden de arresto contra Guaidó, Saab sostuvo que se solicitarían otras 22 órdenes de captura contra otros supuestos implicados, informó el portal El Tiempo.

 

Dijo que los venezolanos apresados serán imputados por conspirar con un gobierno extranjero, terrorismo, traición a la patria venezolana, entre otros delitos.

 

En el caso de los extranjeros, el fiscal reveló que se les imputará por terrorismo, conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra en perjuicio del Estado venezolano.

En plena pandemia Duque gastó mas de $ 9.000 millones de pesos en lujosos carros blindados

 

El gobierno Duque ha ido desde sus inicios de escándalo en escándalo.

 

La compra de unos lujosos carros blindados en medio de la pandemia, lo tienen nuevamente en el la mira de la opinión publica.

 

Tres compras de vehículos blindados para la protección presidencial, por más de 9 mil 600 millones de pesos hizo la Policía Nacional con el fin de adquirir 23 vehículos blindados que llegarán a fin de año.

 

Las compras aparecen en el portal colombiacompra.gov.co. La primera por $3.527.691.391 millones de pesos; la segunda por $3.221.878.140 millones de pesos; y la tercera por $2.892.049.806 millones de pesos. Cada camioneta blindada costó en promedio $391 millones de pesos.

 

Las adquisiciones se hacen en momentos en los cuales Colombia padece una pandemia por el Covid-19 y precisamente cuando los médicos de todo el país, han solicitado elementos de protección para atender la emergencia sanitaria.

 

En la actualidad el presidente Iván Duque se moviliza en vehículos BMW 750Li blindados y que fueron donados por el gobierno de los Estados Unidos. Se estima que el valor de este automotor puede llegar a los 500 millones de pesos.

 

Según la ficha técnica del BMW, las  “ventanas laminadas reforzadas con placas de fibra de carbono en placas y parabrisas frontal con salida de emergencia,  es de seis velocidades, equipo de regeneración de energía, frenos ABS con control de estabilidad dinámica, botón de encendido Start-off, control de tracción dinámica, sistema xDrive ‒más conocido como all-wheel-drive‒ luces de Xenon y halógeno adaptables al clima, control de parqueo y cámara trasera, sistema de navegación con comandos de voz, monitor de presión de neumáticos, airbags, protección de rodillas, luces de emergencia y desconexión del alternador y la bomba de gasolina en caso de choque”.

 

El primer mandatario en tener un carro blindado fue el general Gustavo Rojas Pinilla y se trataba de un Cadillac Sedan FleetWood y tuvo un costo de 6.500 dólares. (GRS).

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