Judicial

Carta que la mamá de Dilan Cruz le escribió a Duque

Denis Cruz Medina, la hermana de DILAN, el joven que falleció el lunes después de haber sido golpeado por un artefacto del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), el sábado en el centro de Bogotá, hizo pública una carta que su madre le escribió, a mano, al presidente Iván Duque.

En la misiva, redactada desde la cárcel El Buen Pastor, de la capital colombiana, donde se encuentra en estos momentos, Yeny Alejandra Medina Pulido agradeció por todo el apoyo que su familia ha recibido.

Pido justicia por lo sucedido y que la muerte de mi hijo no quede en el olvido

“Agradezco a todo un país por la solidaridad y el apoyo que nos han brindado. Dios escuche sus oraciones”, afirmó, al tiempo que les pidió a los amigos de su hijo que no dejen de soñar y que busquen el diálogo con el Gobierno, “ya que la violencia desata más violencia”.

Señaló que se encuentra “privada de la libertad por un delito excarcelable” y reconoció que por esta situación perdió “la oportunidad de cuidar, acompañar y guiar a mis hijos”.

Sin embargo, le pidió a Duque soluciones para todos aquellos que están en su misma situación: “No existe una revisión jurídica en los procesos, donde se den posibilidades y oportunidades de gozar de una familia y donde los privados de la libertad no se sientan olvidados” (SIC).

Al mandatario también le rogó “encarecidamente” más oportunidades educativas, “sobre todo para aquellos jóvenes de bajos recursos, con muchos potenciales, proyectos y sueños”.

“Desean ser personas dignas y aptas para lo sociedad. Con esmero luchan por salir adelante para ayudarse a sí mismos y sus familias, y por un mejor país”.

Yeny describió a su hijo como un soñador y como un joven que, desde muy niño, se dio cuenta de “la falta de oportunidades en su hogar”.

“Pido de corazón al Gobierno que existan posibilidades para nosotros los padres con buenos empleos, para los jóvenes con estudios superiores gratuitos o verdaderas posibilidades de pago donde se les asegure su futuro profesional, a los ancianos su salud y su pensión”.

 

Se refirió al Esmad, la unidad de la Policía que está involucrada en la muerte de Dilan.

A sus integrantes les solicitó ser un ejemplo de paz y ser cuidadosos con el manejo de sus herramientas, pues “por el mal uso se produjo la muerte de mi hijo, el dolor y sufrimiento de toda una familia”.

“Pido justicia por lo sucedido y que la muerte de mi hijo no quede en el olvido”.

Sobre ella, además de que está en prisión y de que tuvo que ser traslada de Cali (donde paga condena) a Bogotá (por la situación de Dilan), contó que padece una discapacidad auditiva desde su nacimiento, “lo que me cerró muchas puertas de empleos”.

“Escuche a todos los que nos dirigimos a usted con el fin de dar solución a nuestras necesidades como colombianos”, le reiteró a Duque.

Adjuntamos el twett de la carta 

 


 

JEP asumiría el caso de discapacitado asesinado por militares en el Huila

Se trata del teniente Felipe Andrés Ramírez Gómez,  los soldados James Horacio Garrica Muñoz, Luis Esper Charry Solano y Wilfredo Villamizar Bautista, quienes deberán responder ante la justicia por los delitos de desaparición forzada agravada y homicidio en persona protegida agravado.

 

Juan Carlo AGuirre Macias

La muerte de Aguirre Macías,quien sufría lesiones en las manos que le impedían moverlas, al igual que los brazos tras un ataque a machete en 1998, ocurrió en la vereda Potreritos en el municipio de Íquira a las 8:30 de la noche del primero de febrero de 2008. Él se dedicaba a la comercialización de monturas de gafas, ocurrió a manos de la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas número 11 de la Novena Brigada del Ejército.

En la acusación la Fiscalía señala que el teniente Ramírez Gómez señaló en el informe militar que a las 2:00 de la tarde del primero de febrero se adelantó un movimiento motorizado hacia Íquira con el fin de “localizar un grupo de sujetos encargados de cobrar extorsiones realizadas por la guerrilla…”.

 

 

Agrega que hacía las 7:50 de la noche se aproximó una motocicleta, le hicieron la señal de alto, el conductor apagó la luz de la motocicleta, “mientras que el parrillero se bajó abriendo fuego, mientras que el conductor aprovechando la sorpresa del ataque dio vuelta a la moto y emprendió la huida…el pasajero cae abatido”, dijo en el informe el teniente Ramírez Gómez.

El fiscal en el escrito de acusación manifestó que los soldados Garrica Muñoz, Charry Solano y Villamizar Bautista, “accionaron sus armas contra la humanidad de Aguirre Macías”

Indica que según lo informado por los militares que participaron en el operativo, al occiso le encontraron un arma corta calibre 38 “señalando además de ser miliciano de la cuadrilla 66 Joselo Lozada de las Farc…”.

Sostuvieron además que el hombre “pretendía realizar un atentado terrorista en los municipios de Nátaga, Íquira y Tesalia.

Mientras que los militares aseguraron que el hombre disparó, la prueba de necrodactilia concluyó que “el hoy occiso ni estaba en capacidad física de disparar un arma de fuego (revólver) ni disparó arma de fuego la noche de su muerte, como lo señalan los militares”, sostuvo la Fiscalía.

En la acusación, el fiscal del caso señaló que demostrará que la afirmación de los militares de haber sido atacados “no corresponde a la realidad, que la reacción no fue en legítima defensa ante la necesidad de salvaguardar sus vidas, que no hubo contacto armado con la víctima…”.

Precisó que la víctima fue ultimada en forma arbitraria amparándose en una misión militar por miembros de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas # 11, quienes luego de haberle dado muerte “montaron una escena, para simular un combate, dejándolo además sin documentos de identificación para que pasara como una persona no identificada, pues son las personas que se encuentran vinculadas a grupos al margen de la ley…las imágenes que realizaron en la inspección, dejan ver que la escena de los hechos no es una escena real de combate, pues siendo el occiso diestro (derecho), el revólver aparece al lado de su mano izquierda”.

Además lo ultimaron en un sitio retirado de su lugar de residencia…impedía que sus familiares o amigos tuvieran conocimiento de su ejecución, quedando para estos como desaparecido.

 

 Soldados involucrados en el proceso

El llamado a juicio contra los militares quedó ‘congelado’ mientras la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), define si el proceso es conocido por ella o continúa su proceso ante el Juez Primero Penal Especializado de Neiva con Funciones de Conocimiento.

El aplazamiento fue acogido por el juez al enterarse que los procesados habían solicitado acogerse a la JEP, y se encuentran a la espera que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas les defina la petición. “Como es un caso relacionado con el conflicto armado quien debe definir la situación debe ser la JEP,  por ello se ordena remitir el expediente a la sala situaciones jurídicas para que se pronuncie”, manifestó el juez.

Rafael Rodriguez

En Saladoblanco capturan a presunto violador

Este hecho ocurrió en el municipio de Saladoblanco, Huila, en el año 2017, cuando este sujeto aprovechó la cercanía con la familia de la víctima para ofrecerse a llevar a dos hermanas desde el parque principal hasta la vivienda.

Según el relato conocido por la Comisaría de Familia, este hombre en el camino hizo bajar a una de las hermanas del vehículo y a la otra que se encontraba en estado de embriaguez, se la llevó hasta la vereda la Chilca donde al parecer la accedió sexualmente.

Arcicardo Artunduaga Escalante, fue capturado el pasado  miércoles 20 de noviembre del presente año, por el CTI y presentado ante un juez de control de garantías en Pitalito.

En audiencias concentradas, el presunto abusador no aceptó los cargos, pero el juez decidió cobijarlo con la medida privativa de libertad en centro carcelario mientras avanza la investigación.

Alcalde de Palermo – Huila es amenazado de muerte

Después de la suspensión que le impuso la Procuraduría por tres meses al alcalde municipal, Víctor Ernesto Polanía ‘Pujacho’, se conocieron unas graves amenazas que lanzaron contra quien lo reemplaza actualmente como alcalde encargado, Ricardo Moncaleano Perdomo.

Las amenazas surgieron aparentemente, a raíz de unas decisiones que tomó frente al horario de funcionamiento de los establecimientos nocturnos en el municipio.

El alcalde ‘Pujacho’ había expedido un decreto en el que establecía que el horario límite para el funcionamiento de los negocios donde se consumen bebidas embriagantes, incluyendo los prostíbulos, era hasta las 2:00 de la madrugada.

No obstante, se habían otorgado permisos a algunos establecimientos, para funcionar hasta las 4:00 am, otros hasta el amanecer y otros hasta las 7:00 de la mañana. Al parecer, el otorgamiento de estos permisos especiales no contaba con ningún respaldo jurídico ni legal.

A raíz de la medida que modificó el horario de la rumba, el alcalde encargado recibió unas graves amenazas a través de un audio que le llegó a su WhatsApp.

En el audio, una persona que se hace llamar Sebastián Rodríguez Orejuela, alias “Oscar La Voz”, le dice a Moncaleano, como si fuera Pablo Escobar, que si no vuelve a otorgar los permisos a los establecimientos, especialmente a los Nigth Club que en palabras sueltas son prostíbulos, para funcionar con horario extendido, va a atentar contra él y su familia, e incluso mataría a su abuela y que si estaba muerta se la revivía y se la volvía a matar.

“Le vamos a matar hasta el perro” En la grabación el susodicho ‘Oscar La Voz’ también le dice que no le importa que lo intercepten y que no le teme ni al Coronel de la Policía, ni al Gobernador, y que “Le vamos a matar hasta el perro”, dice el audio. Y agrega, “no me interesa si me manda a interceptar el teléfono o la línea, igual no está a nombre mío y lo puedo botar, lo único que le digo es que no se las dé de bravucón, de cholón, como decimos, no sea tan pirobo y suelte esos permisos que la gente los necesita para trabajar en especial en los Night Club, y deje el horario como estaba”.

En el audio el sujeto continúa lanzando amenazas contra toda la familia del alcalde (e) “me le voy primero por su papá, su mamá, abuela, y si está muerta se la revivo y se la vuelvo a matar, a su esposa y sus hijos o quiere que le ponga mejor una bombita en su casa, le habla un integrante del cartel de Cali, usted verá si me hace caso a lo que estoy diciendo, no olvide, le habla ‘Oscar La Voz’”.

Al final del audio, le dice que le da 24 horas para que restablezca los horarios y permisos y los ponga como estaban y que si quiere, le entregue los audios a las autoridades, que no le importa, porque solo quiere que obedezca.

Según el coronel Livio Castillo, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, el caso ya está siendo investigado por las autoridades y esperan dar resultados con prontitud, y dar a conocer quienes son los autores intelectuales de las amenazas. “El alcalde estuvo en las instalaciones de la Sijín se recibió la denuncia y pues estamos con ese proceso de investigación”, aseguró Castillo.

Entre 16 y 18 serían los menores que murieron por bombardeo en Caquetá, afirman comunidades afectadas a Noticias Uno.

Dos meses después del bombardeo en San Vicente del Cagúan, departamento de Caquetá, la red independiente Noticias Uno, visitó el lugar del ataque donde obtuvieron testimonios de la comunidad quienes afirman que fueron entre 16 y 18 los niños y jóvenes muertos tras el bombardeo.

Con este informe presentado por Noticias Uno, nuevamente se confrontan las declaraciones entregadas desde el Ministerio de Defensa frente al desarrollo de la operación.

Hay que recordar que se intentó ocultar al país que en ese ataque habían muerto niños y jóvenes; también afirmaron que desconocían que había menores de edad en el campamento, pero días antes del bombardeo el personero Herner Carreño de Puerto Rico Caquetá, había denunciado el reclutamiento de 3 menores; y luego cuando se intentó justificar el ataque Uribe defendió que Gildardo Cucho era un objetivo válido “por su peligrosidad para la seguridad nacional” y que el operativo “se llevó a cabo de acuerdo con las normas nacionales e internacionales”, ahora se pone en tela de juicio si fueron 8 o el doble de menores fallecidos.

En la visita realizada por Noticias Uno, la comunidad aledaña al sitio impactado por las bombas, denunciaron que fueron 16 o 18 los menores que en realidad murieron “Esa es la cifra que no revela el Estado y que no han revelado quienes tienen que ver con esto. Según las cifras son 18 niños, según lo que las familias dicen”, aseveró Idaly Saldaña a ese noticiero.

La comunidad además denuncia que 3 de los menores huían heridos del campamento pero fueron perseguidos y masacrados, cuentan que se alcanzaron a oír los gritos de auxilio “Cargaban perros persiguiendo los niños y los mataron por ahí en frente de un potrero” afirma José Fernando Saldaña habitante de la vereda Aguas Claras II en el Cagúan.

En el lugar Noticias Uno encontró dolor y un profundo miedo generalizado en los habitantes de la zona, los niños y jóvenes no quieren ir a sus escuelas y colegios por miedo a un nuevo bombardeo, ya no se transita por ciertos lugares debido a la zozobra que provocan los drones que vigilan constantemente sus tierras, además cuentan que hay una bomba que aún no ha detonado y podría causar en gran impacto.

INFORME COMPLETO NOTICIAS UNO:

1. No fueron 8 sino 18 LOS NIÑOS BOMBARDEADOS en el Caguan.2. Persiguieron a niños sobrevivientes para rematarlos. 3. La comunidad se pregunta porque se retrocedió después de ya estar en paz. 4. Según el informe de medicina legal se dice que alias "Cucho" no cayó en el operativo pues no coincide el ADN, los restos son de un joven de 20 años. Vía: Noticias Uno

Posted by Angélica Lozano Correa on Tuesday, November 12, 2019

 

Habitantes de San Agustín piden libertad para Margarita.

#InjusticiasDeLaVida || Esto pasa en SAN Agustín.

Desde las 5 Pm de este martes 24 de septiembre, habitantes de la capital arqueologica marchan por las calles de esa localidad en protesta por el caso de la estudiante MARGARITA MALES, quien fue encarcelada por un delito que no cometió. POR FAVOR COMPARTIR.

PORQUE? Resulta que Margarita es hija de dos campesinos provenientes del Cauca que llegaron huyendo (como cosa rara en este país) desplazados por la violencia, Margarita se encontraba realizando el grado 11 en la Institución Educativa Carlos Ramón, según sus profesores, compañeros y admin de la institución “una niña callada, muy buena estudiante, amable y educada”.

Un día la mamá de Margarita la envió a comprar unas cosas al pueblo, Margarita salió en compañía de “su cuñada” de 14 años (Margarita cumplió 18 años hace dos meses), se dirigieron a un supermercado y Margarita fue a la caja, pagó y compró las cosas que su mamá le había encargado, entre esto un vigilante había detenido a “su cuñada” y le encontró unos shampo que se habia escondido en los bolsillos, inmediatamente le preguntaron con quien venía y ella sin dudarlo dijo que con Margarita 😒 llamaron a la policía y como la justicia colombiana es tan “EFICIENTE” capturaron a Margarita por ser mayor de edad, la llevaron al calabozo, la presentaron al fiscal, movieron cielo y tierra para sacar su cédula y rápidamente la metieron a la cárcel.

Le imputaron el delito de hurto agravado, tambien el uso de menores en la comisión de delitos, sin ni siquiera llegar a un arreglo, fue así de rápido, cosa que causó indignación en el municipio, pues hace unos meses una turista fue a poner 3 veces la denuncia por abuso sexual y no quisieron recibirsela, miles de casos de corrupción están estancados desde hace años, la delincuencia común abunda en las calles y no sucede nada, pero en este caso no, en este actuaron tan ágilmente para llevar a una niña a la cárcel por unos shampoo que ni siquiera ella robó y que también, después de todo se pagaron.

En un acto de solidaridad, todo el plantel educativo donde ella estudiaba, incluyendo padres de familia, alumnos, profesores y administrativos estan haciendo hasta lo imposible para lograr la libertad de la joven, están recolectando dinero para pagar un abogado, porque como se pueden imaginar sus padres no tienen como hacerlo, entre otras actividades como protestas y peticiones a los entes de control.

Lo que más ha indignado a los habitantes del municipio de San Agustín es que, tantos y tantos delincuentes que están en libertad haciéndole un verdadero mal a la sociedad, no son sometidos a la justicia, mientras que una joven campesina va directo a la cárcel por un delito que no cometió.

Información suministrada por Julián Rivera y Nathalia Ibarra, habitantes de San Agustín.

Fiscalía acusó al alcalde de Pitalito (Huila) como determinador del homicidio de líder social Luis Gerardo Ochoa

El ente acusador cuenta con el testimonio de uno de los sicarios que participó en el crimen del también abogado de profesión, quien se acogió a principio de oportunidad.

En audiencia de formulación de acusación realizada ante el Juzgado 1° Penal del Circuito de Pitalito (Huila), la Fiscalía señaló al alcalde de ese municipio, Miguel Antonio Rico Rincón, como el probable determinador del homicidio del abogado y líder social Luis Gerardo Ochoa Sánchez, cometido el 6 de abril de 2017 en su propia oficina.Pese a haber sido debidamente citado, el mandatario local no se presentó a la audiencia; sin embargo, se le dio trámite a la misma con el abogado defensor.Como elemento clave para acusar de manera formal al burgomaestre, el ente acusador cuenta con el testimonio de unos de los integrantes de la estructura sicarial que participó en el hecho —testigo protegido hoy por la Fiscalía General de la Nación—, quien asegura haber recibido órdenes de Rico Rincón para acabar con la vida de Ochoa Sánchez, lo mismo que de tres personas más, que también son procesadas.La relevancia del testigo fue avalada por el Juzgado 7° Penal Municipal, con funciones de control de garantías de Neiva (Huila), en audiencia de aplicación de principio de oportunidad.El líder social, así calificado por la ONU, fue contratado por los feligreses de una iglesia cristiana de esa localidad huilense para que los representara en un negocio que les estaban ofreciendo relacionado con la construcción de una ciudadela, y en la que ellos detectaron anomalías, pues el lote donde se haría la construcción había sido vendido a una constructora que nada tenía que ver con el proyecto.Tiene pruebas el ente acusador además, que días antes del homicidio, el abogado habló con el mandatario local sobre el tema para advertirle sobre las irregularidades detectadas, ya que él había presentado el proyecto ante la comunidad.Actualmente se encuentran vinculadas al proceso un total de 12 personas.La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.Info: Pagina Oficial Fiscalía General de la Nación.

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